Debe regresar la facultad en materia de seguridad pública al Gobierno, modificar la Constitución del Estado para que sea facultad del Ejecutivo nombrar y remover a los jefes y oficiales superiores de la policía de los municipios, en los términos que establezca la Ley.
En los últimos años las autoridades del gobierno del Estado han tenido que tomar decisiones de enormes consecuencias debido a su costo social y económico, acerca del tamaño, composición y propósito que deben tener las fuerzas de seguridad pública y justicia.
Estas decisiones han ido (al menos en intención) desde el tipo de armamento y equipo que dichas fuerzas deben utilizar, hasta aquellas menos visibles para el público, como son la definición del tipo y rol que juega la tecnología o el reclutamiento, selección, evaluación y promoción del personal, así como la relación que se establece con las diferentes instancias que deben coordinarse para efectos de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Cada una de estas decisiones ha conllevado serías implicaciones económicas, políticas y sociales de largo plazo no sólo para el problema de inseguridad que nos aqueja, sino que inclusive para la estabilidad y futuro del Estado.
No existen proyectos evaluables de seguridad pública y las metas que se plantean corresponden a objetivos de medición de la actividad administrativa de las instituciones de seguridad pública y justicia, y no a objetivos concretos de disminución real de la delincuencia.
Este señalamiento viene a cuento, en virtud de que una de las demandas ciudadanas que más se han escuchado en las últimas semanas y que ha tenido eco en las autoridades, es el otorgar un mayor presupuesto a las instituciones de seguridad pública con el objeto de que tengan mayores recursos que les permitan enfrentar de manera decidida y frontal a la delincuencia.
Lo anterior se manifiesta con el fin de que los Presidentes Municipales proponga al Ejecutivo del Estado una terna para que en acuerdo mutuo se denomine al Jefe Policiaco, que tenga un mínimo de diez años de experiencia, sin antecedentes penales, institucional, egresado del Instituto de Seguridad Pública del Estado (ISPE) que conozca su responsabilidad, el manejo de personal. La reforma establece que ningún Jefe Policiaco puede ser designado si no cuenta con una certificación y sobre todo, que no participe en el desaseo de la Ley, la verdad y la justicia.
Los ciudadanos exigen una seguridad al servicio del pueblo no ha disposición del mejor postor, que se terminen compromisos y compadrazgos e imposiciones, lo anterior es con el fin de normar conductas y evitar la corrupción en las corporaciones policíacas hasta donde sea posible.
Actualmente las diferentes corporaciones policíacas actúan desorientadas no tienen control ni don de mando, la corrupción predomina, desconocen sus funciones, se manejan a su libre albedrío.
Los Presidentes Municipales de la frontera admiten dificultad para nombrar los jefes policíacos, los delitos cometidos por sus agentes son asunto de la Dirección de Seguridad Pública, hay que dar mayor importancia al vigilar el interior de las corporaciones, para prevenir la comisión del delito por parte de los elementos policíacos.
“Prevenir es lo mejor, se necesita una vigilancia estricta de los jefes a sus elementos, a través de los mandos intermedios, como se realiza en otras ciudades del país y en los Estados Unidos, si se implementase un sistema de sobre-vigilancia dentro de la corporación sería una buena forma de prevenir.
No se puede descartar la presencia de buenos elementos, que hemos de imaginar los hay, se supone que la red de corrupción y protección de policías locales al narco urbano, el que se realiza en calles y escuelas enviciando a las juventudes lo que ya se ha vivido, sea precisamente un asunto menor.
Como decididamente no lo es, si no al parecer débiles reflejos del alto nivel de corrupción que al interior de los cuerpos policíacos existe, acciones determinantes y limpieza total más allá de discursos y los famosos antidoping, se espera por parte de las autoridades en cuya responsabilidad está velar por la seguridad de la ciudadanía.
Por ese y muchos motivos más, es necesario cambiar la temática en los nombramientos de los nuevos jefes policíacos que se avecinan, para que en los municipios se den por enterados que en el Estado existe la convicción en un cambio generalizado en materia de seguridad pública.
Roberto Fleischer Haro egresado de la IV generación de la Escuela de Policía. Registro Nacional de Seguridad FEHR440205H26223583 e. Mail rfleischer_44@hotmail.com
En los últimos años las autoridades del gobierno del Estado han tenido que tomar decisiones de enormes consecuencias debido a su costo social y económico, acerca del tamaño, composición y propósito que deben tener las fuerzas de seguridad pública y justicia.
Estas decisiones han ido (al menos en intención) desde el tipo de armamento y equipo que dichas fuerzas deben utilizar, hasta aquellas menos visibles para el público, como son la definición del tipo y rol que juega la tecnología o el reclutamiento, selección, evaluación y promoción del personal, así como la relación que se establece con las diferentes instancias que deben coordinarse para efectos de garantizar la seguridad y procurar justicia.
Cada una de estas decisiones ha conllevado serías implicaciones económicas, políticas y sociales de largo plazo no sólo para el problema de inseguridad que nos aqueja, sino que inclusive para la estabilidad y futuro del Estado.
No existen proyectos evaluables de seguridad pública y las metas que se plantean corresponden a objetivos de medición de la actividad administrativa de las instituciones de seguridad pública y justicia, y no a objetivos concretos de disminución real de la delincuencia.
Este señalamiento viene a cuento, en virtud de que una de las demandas ciudadanas que más se han escuchado en las últimas semanas y que ha tenido eco en las autoridades, es el otorgar un mayor presupuesto a las instituciones de seguridad pública con el objeto de que tengan mayores recursos que les permitan enfrentar de manera decidida y frontal a la delincuencia.
Lo anterior se manifiesta con el fin de que los Presidentes Municipales proponga al Ejecutivo del Estado una terna para que en acuerdo mutuo se denomine al Jefe Policiaco, que tenga un mínimo de diez años de experiencia, sin antecedentes penales, institucional, egresado del Instituto de Seguridad Pública del Estado (ISPE) que conozca su responsabilidad, el manejo de personal. La reforma establece que ningún Jefe Policiaco puede ser designado si no cuenta con una certificación y sobre todo, que no participe en el desaseo de la Ley, la verdad y la justicia.
Los ciudadanos exigen una seguridad al servicio del pueblo no ha disposición del mejor postor, que se terminen compromisos y compadrazgos e imposiciones, lo anterior es con el fin de normar conductas y evitar la corrupción en las corporaciones policíacas hasta donde sea posible.
Actualmente las diferentes corporaciones policíacas actúan desorientadas no tienen control ni don de mando, la corrupción predomina, desconocen sus funciones, se manejan a su libre albedrío.
Los Presidentes Municipales de la frontera admiten dificultad para nombrar los jefes policíacos, los delitos cometidos por sus agentes son asunto de la Dirección de Seguridad Pública, hay que dar mayor importancia al vigilar el interior de las corporaciones, para prevenir la comisión del delito por parte de los elementos policíacos.
“Prevenir es lo mejor, se necesita una vigilancia estricta de los jefes a sus elementos, a través de los mandos intermedios, como se realiza en otras ciudades del país y en los Estados Unidos, si se implementase un sistema de sobre-vigilancia dentro de la corporación sería una buena forma de prevenir.
No se puede descartar la presencia de buenos elementos, que hemos de imaginar los hay, se supone que la red de corrupción y protección de policías locales al narco urbano, el que se realiza en calles y escuelas enviciando a las juventudes lo que ya se ha vivido, sea precisamente un asunto menor.
Como decididamente no lo es, si no al parecer débiles reflejos del alto nivel de corrupción que al interior de los cuerpos policíacos existe, acciones determinantes y limpieza total más allá de discursos y los famosos antidoping, se espera por parte de las autoridades en cuya responsabilidad está velar por la seguridad de la ciudadanía.
Por ese y muchos motivos más, es necesario cambiar la temática en los nombramientos de los nuevos jefes policíacos que se avecinan, para que en los municipios se den por enterados que en el Estado existe la convicción en un cambio generalizado en materia de seguridad pública.
Roberto Fleischer Haro egresado de la IV generación de la Escuela de Policía. Registro Nacional de Seguridad FEHR440205H26223583 e. Mail rfleischer_44@hotmail.com